De Víctimas a Victimarios

Ver al denunciante como sospechoso, desatender sus reclamos, investigarlo y presumiblemente denunciarlo al órgano recaudador para que justifique su situación impositiva, constituye una inversión de las reglas y de los principios morales. Este modo de proceder conlleva a que las víctimas de los delitos rurales desistan de presentarse ante las autoridades policiales para realizar las denuncias correspondientes. Un lamentable ejemplo que podría estar repitiéndose en otros distritos y jurisdicciones.

 El Frente Agropecuario Nacional pone a conocimiento del Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, del Ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, de los funcionarios, dirigentes empresariales y foro de seguridad del Partido bonaerense de Bolívar, de los productores agropecuarios y de la opinión pública:


1- Que a fines del mes de Enero de 2002, Jorge Gomez Andrade, productor agropecuario, socio fundador del Frente Agropecuario Nacional y propietario del establecimiento “San Jorge” del Partido de Bolívar, realizó la denuncia correspondiente a una sustracción de ganado vacuno de su propiedad ( aproximadamente 60 animales ), exposición formalizada ante la comisaría de la ciudad bonaerense de Bolívar.


2- Que se da intervención a la Fiscalía N* 2 de Azul a cargo del Dr. Javier Alberto Barda e interviene el Juez de Garantía, Dr. Roca de dicha jurisdicción.


3- Que, hasta el presente, como resultado de haber realizado la denuncia las consecuencias para la víctima fueron:

a- Que jamás fue notificada ( 10 meses transcurridos ) sobre las diligencias enderezadas a esclarecer el paradero de la hacienda faltante con perjuicio de lo establecido por el artículo 83 inciso 3* del CPP de la Provincia de Buenos Aires.

b- Que le fue denegada la calidad procesal de “particular damnificado”

c- Que el fiscal de la causa intimó para que, en plazo perentorio, informe:

I- Declaración Jurada presentada ante la AFIP

II- Actas de vacunación obligatoria ante el SENASA de la hacienda de su propiedad

III- Boletas de compra de vacunas contra la Aftosa y Brucelosis.

IV- Constancias de trabajos médicos veterinarios efectuados en el establecimiento de su propiedad : Tacto, Raspaje de toros, Control de venéreas etc.

d- Que “ casualmente”, al mismo tiempo, la Sección Investigación de la Regional Junín de la AFIP, reclama al denunciante información sobre el total de Has. propias, total de Has. arrendadas, superficie sembrada, superficie para invernada y cría, cantidad de silos, participación en otras empresas, etc.

CONSIDERAMOS

Este llamativo proceder nos induce a cuestionamientos y dudas de toda naturaleza, máxime si la víctima, como en este caso, es un representante gremial del Frente Agropecuario Nacional en el Partido de Bolívar. Una Entidad Agropecuaria que tiene como una de sus banderas fundacionales la lucha contra el cuatrerismo organizado y la faena clandestina y que ha denunciado los delitos rurales con persistencia, fuerza y convicción durante más de una década.

Estos inexplicables e inconducentes requerimientos impuestos al productor agropecuario afectado y la denegación a que el mismo se constituya en “particular damnificado” muestran actitudes que generan sospechas y requerimientos “prima facie” innecesarios, frente a un ciudadano de conducta y antecedentes intachables , ahora transformado en victimario. Una situación que se agrava porque al mismo tiempo no se tienen noticias acerca del paradero del ganado robado y de los responsables del abigeo quienes, con seguridad, no han sido objeto de ninguna intimación policial, judicial u organismo de fiscalización alguno.

De generalizarse este contexto jurídico y procedimiento policial, las proclamadas garantías de propiedad, seguridad jurídica y de acceso a la justicia no serán más que pura retórica y solo servirán para dar contenido a ámbitos pretendidamente académicos y o de política partidaria.

Ninguna sociedad civilizada puede sobrevivir si se abandonan las nociones más elementales de decencia y buena fe de las personas que debieran ser eficazmente tuteladas por el derecho penal.
Si se convierten a las víctimas en victimarios, en vez de afianzar la justicia, como manda el Preámbulo de la Constitución Nacional, se potencia la impunidad y el descrédito de los organismos encargados de la seguridad y la administración de la justicia.

RECLAMAMOS

Justicia e investigaciones al más alto nivel de Gobierno para esclarecer el hecho denunciado


Comisión Directiva Frente Agropecuario Nacional

Federico Palacio Horacio Delguy
Secretario Presidente