SOLICITAN DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SAGPyA DE LA NACIÓN N* 108/2001

Buenos Aires, 3 de Abril de 2001

Al Señor Secretario de Agricultura , Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación
Lic. Marcelo Regúnaga
S............. / .................D

En tiempo y en forma, y en representación del Frente Agropecuario ( FAN ), entidad representativa con personería jurídica ( I.G.J. N* 000418 ), venimos a solicitar la derogación por contrario imperio de la Resolución N* 108 del 16 de Febrero de 2001 dictada por el entonces Secretario

 de Agricultura y Ganadería de la Nación Dr. Antonio Berhongaray, en razón de su manifiesta inconstitucionalidad, su inconveniencia, su falta de razonabilidad para alcanzar los fines enunciados, por multiplicar arbitrariamente las regulaciones, establecer normas de naturaleza legislativa, encarecer el servicio de sanidad soportado por los productores y crear entidades de derecho publico no estatal que superponen su actividad y sus costos a los propios del SENASA y a la tarea propia del productor pecuario.

El artículo 2* de la norma pretende conceder el protagonismo de la lucha sanitaria más allá de sus actores naturales, que deberían ser el SENASA y los productores, a “ las fundaciones, entes sanitarios locales, sociedades rurales, asociaciones de productores u otras entidades creadas o a crearse” y que tengan por objeto nada menos que “propiciar el desarrollo de acciones sanitarias específicas, fomentar la producción y promover y controlar el comercio y movimientos de ganados, a fin de lograr la mejora de las condiciones sanitarias y desarrollo de las exportaciones” SIC).

Así directamente se las autoriza a “establecer las normas de calidad y especificaciones en que se desarrollen las acciones sanitarias (Art. 9 inc.7), “adoptar las medidas necesarias para promover las acciones sanitarias (Art. 9 inc. 8), “intervenir en la propuesta y consideración de sanciones previstas en las normas sanitarias” (Art. 9 inc. 11) y “las fundaciones tendrán todas aquellas otras funciones y atribuciones que sean conducentes al mejor cumplimiento de esta norma” (Art. 9 inc. 15), y están facultadas para “establecer una metodología operativa” (Art. 10 inc. 1) y para proponer al SENASA “las normas de comercialización de ganado” (Art. 9 inc. 6).

Todas esas tareas de semejante magnitud creadas por una Resolución de un Secretario de Estado (ni siquiera un Decreto del Poder Ejecutivo) que afectan manifiesta, directa y arbitrariamente el ejercicio de derechos constitucionales no resultan gratuitas sino que para su atención se establecen aportes del SENASA sin precisar la específica partida presupuestaria, al mismo tiempo que se las faculta ligeramente a establecer los aranceles por la labor que se les encomienda.

Estos nuevos y costosos entes que pretenden introducirse entre productores y SENASA no limitan su acción al combate de la fiebre aftosa sino que apuntan al control de toda la sanidad animal lo que permite alentar la conjetura de que se va a crear una burocracia artificial, ortopédica e innecesaria para siempre, a contramano del proceso de desregulación y a costa del patrimonio del habitante en general y de los productores en particular.

El otorgamiento de facultades tan amplias supone el virtual desguace del SENASA que debería quedar reducido entonces a un escaso número de funcionarios con competencia de mero contralor, al tiempo que reposa en una filosofía intervensionista de corte tutelar que se afirma en la equivocada idea de que un empleado, técnico o veterinario de una fundación tendrá más interés y eficacia en el control de la sanidad que el propio dueño de la hacienda con el lógico contralor del SENASA.

No se advierte razón legítima alguna por la cual los productores deban soportar tan artificial y onerosa curatela intermedia entre el SENASA y ellos mismos.
Desde el punto de vista señalado existe un insalvable vicio de inconstitucionalidad por pretenderse echar mano de medios irracionales e inconducentes para lograr el objetivo del adecuado control sanitario.

Resulta entonces aplicable “mutatis mutandis” la jurisprudencia sentada desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos similares a los resueltos en los autos “ Canale c/ Provincia de Mendoza” “ ( Fallos”: 118: 278) oportunidad en la que el Alto Tribunal Federal sostuvo que “si bien los tribunales no están llamados a examinar la oportunidad y conveniencia de las medidas legislativas o administrativas tendientes a proteger la salud pública, es incuestionable que, de acuerdo con los artículos 14, 17, 19, 20 y 28 de la Constitución Nacional, la doctrina y la jurisprudencia pueden resolver en circunstancias extraordinarias de manifiesto e insalvable conflicto entre aquellas y la ley fundamental, que las mismas no tienen razón con sus fines aparentes y que se han desconocido con ellas, innecesaria e injustificadamente, derechos primordiales que el Poder Judicial debe amparar, como es el goce normal y honesto de la propiedad sin perjuicio de tercero y el ejercicio de profesiones e industrias lícitas, porque, de otra suerte, la facultad de reglamentación de las legislaturas y municipalidades sería ilimitada y las leyes, u ordenanzas locales o nacionales sobre la materia, podrían hacer ilusorias todas las garantías acordadas al habitante del país” (Art. 31 de la Constitución Nacional; “Fallos”: 98:52; 116:116; 117:432; 123,U.S., 662; 195,U.S., 123 y otros; Cooley; ob.cit;pág.292).

Obsérvese que en la jurisprudencia transcripta se descalificaba una ley provincial que pretendía salvaguardar la salud humana; con cuánta más razón resulta aplicable en este caso que, se trataría de la Resolución administrativa de un Secretario de Estado que pretende atribuir tal cúmulo de atribuciones a entidades de derecho público no estatal que importaría la creación de múltiples soviets locales que reducían el derecho de propiedad y de comerciar de los productores ( Art. 14 y 17 de la C. N. ) a simples enunciados retóricos y que lleva a la renuncia virtual de las funciones propias e indelegables que corresponden al SENASA desde principios del siglo pasado.

A mayor abundamiento, téngase presente que aún en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que tanta influencia tuviera y conserva sobre la de nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al abordar el tema de la delegación legislativa del Congreso en el Poder Ejecutivo, fundamento del actual Art. 76 de nuestra Constitución Nacional, establece que “ las facultades legislativas deben delegarse solamente a funcionarios públicos y no a personas u organizaciones privadas”( Pritchett Herman;”La Constitución Americana”; TEA; 1965; Pág. 241).
Lo expuesto demuestra que la Resolución administrativa atacada pretende delegar en entidades no estatales facultades que ni el H. Congreso de la Nación podría delegar en ellas.


CASO FEDERAL


Desde esta primera oportunidad procesalmente posible cumplimos con la carga de dejar expresamente planteado el CASO FEDERAL por la presunta violación de las garantías constitucionales previstas por los artículos 14, 17, 19, y 28 de la Constitución Nacional.
Por las razones precedentes y por las que supla el elevado criterio del Señor Secretario, solicitamos la inmediata derogación de la Resolución N* 108/2001 (B.O. 21-2-2001) por su manifiesta inconveniencia e inconstitucionalidad.


Saludamos al Señor Secretario con nuestra más distinguida consideración


FRENTE AGROPECUARIO ( FAN )

Federico Palacio ( Secretario )
Horacio Delguy ( Presidente )