NO PODEMOS AVALAR UN PLAN DE SANIDAD ABSOLUTA A COSTO ILIMITADO. UN PROYECTO QUE IMPLEMENTA SANGRADOS INDISCRIMINADOS, TRAZABILIDAD ENCUBIERTA, REGISTRACIONES Y SISTEMAS DE IDENTIFICACION COMPULSIVOS .

UNA ESTRUCTURA BUROCRATICA QUE CARGA SOBRE LA ECONOMÍA DE LOS PRODUCTORES COSTOS OPERATIVOS QUE NO SE CONDICEN CON SUS PRESUNTOS BENEFICIOS Y

MENOS AUN CON LA REALIDAD DE UN PAIS QUE, MIENTRAS INTENTA IDENTIFICAR A LA TOTALIDAD DE SUS VACAS, CONTIENE A DECENAS DE MILES DE CIUDADANOS E INMIGRANTES INDOCUMENTADOS, PRODUCTORES AGROPECUARIOS ENDEUDADOS, COMUNIDADES CARENTES DE AGUA POTABLE Y CUENTA CON SISTEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL QUE TODAVIA NO HAN PODIDO CONTROLAR LA DESNUTRICIÓN, EL COLERA Y EL MAL DE CHAGAS SOBRE VASTAS REGIONES DE SU TERRITORIO.

El Frente Agropecuario Nacional advierte a los funcionarios responsables y pone en conocimiento de los productores rurales, de la dirigencia agropecuaria y de la opinión pública:

1- Que toda campaña que tenga por objetivos los enunciados por la resolución 115 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, a saber: "eliminar limitaciones a las posibilidades económicas del sector agropecuario y la comercialización internacional", obtener "rentabilidad de las explotaciones" y evitar "pérdidas económicas" debe encontrarse sólidamente arraigada en el fundamental principio que implica la relación costo - beneficio .

2- Que la estructura de la campaña sanitaria elaborada por SENASA y adoptada por la Resolución N° 115 de la SAGPyA de la Nación es extremadamente onerosa y sin razonable proporcionalidad entre el beneficio que persigue y los costos de implementación e incumbencias corporativas y profesionales que crea .

3- Que se engloba a todo el país en una campaña de máximo costo y objetivos absolutos e irrazonables. Un Plan sanitario que confunde los conceptos de enfermedad potencial y de enfermedad real. Al obligar por resolución a sangrar y tuberculinizar a todos los rodeos de todo el país se parte implícitamente de la base de que todos ellos sufren un alto grado de infectación , a pesar de no contarse con relevamientos y estudios de zonas infectadas indicando los porcentajes de incidencia de la enfermedad . Muestreos privados y publicaciones especializadas han determinado, para brucelosis, porcentajes de infectación apenas superiores al 1% en la mayoría de los rodeos de cría, y con incidencia aún menor, los correspondientes a tuberculosis. Esto muestra que la apreciación oficial de "grave infectación"se encuentra lejos de la realidad y explica lo arbitrario y elevado de los irrazonables costos y desmesuradas estructuras .

4- Que los objetivos enunciados por SENASA y que reiteran las COPROSA ( "evitar pérdidas", "acceder a mercados internacionales" y "ganar rentabilidad" ) son incompatibles con realidades que, los argentinos de hoy, debiéramos comprender: productividad no es sinónimo de competitividad.

La competitividad no tolera costos incontrolados ni los mercados aceptan precios inflados por costos irrazonables, menos aún, por costos innecesarios.

5- Que un resultado palmario del plan es la creación de un enorme mercado cautivo a favor de los laboratorios y profesionales veterinarios. Este mercado cautivo, descartada toda alternativa razonable, debe sufragar costos operativos superfluos y burocráticos de las UEL (Unidades Ejecutoras Locales) carentes, además, de auditoría externa alguna respecto del destino y utilización de los aranceles que perciben. De esta manera, se crea un mercado cautivo sometido a corporaciones profesionales y gremiales de onerosa actuación . Otro rasgo de irrazonabilidad económica.

6- Que el objetivo de "erradicar absolutamente a estas enfermedades " permanece inalcanzable sin un plan que comprenda a ovinos, caprinos, porcinos y a otras especies transmisoras de la brucelosis al ser humano .

7- Que el plan también es irrazonable al cargar todos los costos sobre el eslabón económicamente más débil de la cadena : los rodeos de cría . El mercado de la carne abarca a invernadores, matarifes, frigoríficos, carnicerías, supermercados, exportadores, quienes también deberían contribuir a solventar dicho costo .

8- Que la falibilidad de la serología, rodeos grandes y el solo hecho de que una sola vaca enferma es suficiente para colocar a 100, 1000 o más vacas en saneamiento hace que el plan sanitario continúe vigente por un número indeterminado de años . Al mismo tiempo, no discrimina los rodeos de cría de los de tambo .

9- Que el sangrado y la tuberculinización totales y seriales solo son razonables en casos de extrema gravedad y cuando pueden evitar pérdidas económicas severas. Se trata de una técnica que los profesionales utilizan solamente en casos extremos y que no cabe imponer como rutina .

10- Que es irrazonable, innecesario, gravoso y violatorio del derecho constitucional de autonomía y decisión personal, así como del derecho a disponer de la propiedad, la colocación del productor bajo el indispensable control del llamado veterinario acreditado , corresponsable de la ejecución del plan de sanidad en cada establecimiento. Una figura que SENASA y las COPROSA desarrollan excediendo los términos de la ley base como incipiente normativa, burocrática y corporativa, impuesta por organismos sin atribuciones para dictarla.

11- Que el plan sanitario se encuentra viciado porque el medio que emplea -obtención de absoluta sanidad en materia de brucelosis y tuberculosis- es desproporcionado a los fines que expresamente persigue. Se trata de enfermedades de incidencia marginal e incluso no significativas en un rodeo normativo. Este facilismo irreal de la sanidad absoluta genera un plan que no se fija en costos, determinando que los criadores de ganado vacuno deban gastar cifras muchas veces superiores a las pérdidas comparativamente no significativas que representan unos pocos abortos debido a brucelosis o algún animal muerto de tuberculosis cada tantos años.

Son precisamente las irracionabilidades económicas (desproporción entre el costo y beneficio) las que se traducen en la desproporción entre medios y fines que es el estándar interpretativo empleado por la Corte Suprema para determinar inconstitucionalidades.

Por lo expuesto, IMPUGNAMOS de inconstitucionalidad la resolución de la SAGPyA N° 115 y normas consecuentes

1- Por violatoria de consagrados derechos elementales a través de reglamentaciones irrazonables por desproporción de los medios y métodos previstos, debido a la grave afectación y costo que imponen en cuanto a manejo de los establecimientos y sanidad. ( Violación de los art. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 42 y 52 C.N. y concordantes )

2- Por crearse supuestas, pero inexitentes, delegaciones y atribuciones de competencia a favor de la SAGPyA y SENASA, desarrollos de la ley 24.696 que no son previstos por ella y que vulneran derechos constitucionales a la vez que crean, una verdadera incumbencia profesional y un enorme mercado cautivo. No hay incumbencia profesional sin ley especial del Congreso ni mercado cautivo ( es decir distorsionado, monopolizado ) que nuestra Constitución tolere ( art. 42, apartado 2 ). Tampoco hay imposición sin ley, por lo menos que establezca parámetros al respecto ( art. 52 C.N. ) .

3- Porque permite el ejercicio discrecional y abusivo de poderes, atribuciones y competencias de las que carecen, por parte de SAGPyA, SENASA, las UEL, las COPROSA y otras entidades provinciales. En cuanto a SENASA destacamos especialmente que su condición de autoridad de aplicación no la autoriza a parcializar y conferirse atribuciones de las que carece.

4- Reservamos las acciones judiciales pertinentes