El Impuesto Inmobiliario, los Peajes y el IVA
colocan al agro en estado de alerta y movilización

Mientras que Intimaciones, actualizaciones, y revalúos inmobiliarios se apartan de lo establecido por el Acuerdo de Estabilidad Fiscal firmado por los Ministros de Asuntos Agrarios y Economía bonaerenses, el aumento en las tarifas del Peaje y la disminución del IVA a la primera venta agropecuaria acentúan la discriminación y la injusticia padecida por el hombre de campo y las comunidades del interior.

Tal situación provocará, sin lugar a dudas, una nueva camada de excluidos rurales.

El Frente Agropecuario Nacional, ante la situación planteada y la falta de respuestas a nuestros reclamos alerta a los productores agropecuarios y pone a conocimiento de la opinión pública:

IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL

1- Que el Gobierno de la Pcia. de Bs. As. se halla abocado al cobro de impuestos inmobiliarios rurales transcurridos diez años desde sus vencimientos originales, facturando con tasas que en muchos casos alcanzan el 200% anual sobre el impuesto actualizado .
2- Que la Dirección de Rentas bonaerense continúa sin aplicar, sobre las cuotas correspondientes al año 1997, las bonificaciones por buen contribuyente ( 25%) en el Impuesto Inmobiliario Rural, a todas las partidas, incorporadas a los planes de pago en cuotas previstos por la Ley 11.808 (moratoria provincial).
3- Que la sustitución del art. 64 de la Ley de catastro territorial por un nuevo texto establecido en los artículos 18,19, y 20 de la Ley 11.808 (revalúo general de inmuebles) no es sutil ni inocente. Mientras que la Ley anterior califica a los predios rurales mediante un valor básico, según los suelos medios de cada distrito, la nueva Ley determina ese mismo valor según los suelos óptimos de cada circunscripción. De esta manera, la Ley 11.808 viene a ordenar una sobrevaluación de los inmuebles rurales fundamentándola en el aumento especulativo del precio de la tierra, provocado por otros sectores e intereses, que no se condice con la nula o paupérrima rentabilidad de las explotaciones agropecuarias.
4- Que mientras para el individuo común la normativa vigente le impide accionar judicialmente a partir de los dos años de sucedido el hecho que originaría tal acción, este término de prescripción se quintuplica tratándose de la provincia de Buenos Aires .
Cuestionamos la legitimidad de la mencionada norma prescriptiva ( diez años ) debido a su evidente inconstitucionalidad.
5- Que los reclamos, a menudo infundados, constituyen en si mismos la confesión de ineptitud de la burocracia oficial.
6- Que invertir la carga de la prueba significa a todas luces, un abuso exculpatorio basado en la incorrección de las cuentas estatales y un injustificado ardid que especula con el involuntario extravío o pérdida de comprobantes sujetos a los más azarosos riesgos que implica la vida y el estilo del hombre de campo.
7- Que en cuanto a las tasas de interés aludidas, el Frente Agropecuario Nacional recuerda que "aún" no ha sido derogado el art. 175 bis del Código Penal que tipifica y reprime el delito de USURA, y que en su primer párrafo prescribe : "El que aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación... será reprimido con prisión de 1 a 3 años, y con multa ..... ". Y de este delito no se halla exenta ninguna administración, por mas leyes y reglamentaciones que a si misma se halla dado, pues excusarse en ello constituiría una abusiva interpretación "in extenso" del DELIBERAR Y GOBERNAR consagrado constitucionalmente .

PEAJES
1- Que según estudios realizados por el "Comité de Defensa del Usuario Vial" las tarifas no cumplen con lo establecido por la ley 17.520 (de Peaje), que en su art. 3 dice que " el beneficio del usuario debe superar o al menos igualar a la la tarifa establecida"
2- Que pretender renegociar los contratos hasta el año 2.018 significa congelar el desarrollo vial nacional y condicionar su crecimiento .
3- Que propiciamos una política vial nacional en beneficio de toda la comunidad. En este sentido creemos necesario jerarquizar a la Dirección Nacional de Vialidad como el instrumento idóneo para llevarla a cabo. No podemos olvidar que, ademas de los 9.000 Km. de rutas, atendidas mediante el sistema de peaje, existen 35.000 Km. sin concesión y alrededor de 200.000 km. de caminos de tierra que deben ser objeto de mantenimiento e inversión .

IVA AGROPECUARIO

1- Que rechazamos las modificaciones propuestas por el gobierno nacional. Disminuir el IVA a la primera venta significa aumentar la discriminación que pesa sobre el hombre de campo
2- Que la evasión se conbate con mecanismos de verificación eficientes, funcionarios honestos y una tasa de IVA adecuada. No como ahora, intercambiando evasión por discriminación. Combatiendo un delito con la injusticia como instrumento de control .

El productor rural no es un sujeto de consumo sino uno de los pilares sobre los que se construyó la grandeza nacional. Y lo seguirá siendo, si la voracidad fiscal y la ceguera burocrática se lo permiten.