En los últimos años en el agro han ocurrido importantes transformaciones que no han sido comprendidas. Se sigue pensando con una visón de un mundo que ya no existe. Los países que producen para el mundo promueven la inversión externa e interna y generan confianza y promueven la ciencia y la innovación. Son países que se desarrollan de acuerdo con sus ventajas comparativas y competitivas. Con las nuevas tecnologías de producción la erosión y degradación de los suelos no la producen los cultivos. Tierras consideradas marginales en agricultura convencional pasaron a ser tierras aptas en el sistema de siembra directa; las cosechas se hicieron más estables por eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. Estos cambios en la agricultura no impiden o afectan la producción ganadera o la lechera. La están transformando, la están haciendo más intensivas. La producción de carne o de leche no necesita más superficie, necesita alimento y la agricultura lo produce. El problema de la ganadería y la lechería no es la expansión de la soja o de los cereales son las políticas públicas y la falta de políticas a largo plazo adecuada a las necesidades del mercado interno y externo las que las destruyen.

 

El sistema castiga a toda la producción agropecuaria del país pero particularmente a las áreas marginales así como a todas aquellas economías que se encuentran a una gran distancia de los puntos de comercialización. Los países exportadores de alimentos, para evitar un crecimiento heterogéneo, acompañan de un modo transitorio y no permanente su desarrollo con las retenciones. Las retenciones sirven como instrumento para despegar los precios internacionales de los internos y también para recaudar. Deberían servir como un mecanismo que permita la redistribución en primer lugar hacia adentro del sector agropecuario, compensando a los productores chicos, fomentando a las economías regionales, la infraestructura (caminos que abaraten los fletes, en nuevos puertos o modernización de los actuales, en aumentar la capacidad de almacenamiento de las cosechas) y luego hacia el resto de la sociedad (educación, salud, seguridad) gracias a los recursos del estado. Los países desarrollados subsidian la producción agropecuaria y a las zonas rurales, a fin de asegurar la ocupación del territorio y la cohesión nacional. Políticas de este tipo dan como resultado hacer raquítico el interior y favorecer las grandes urbes, daña la seguridad nacional del país y su realización como Nación. No puede existir una Nación próspera si tiene un interior débil, con el grueso de su población en inmensas ciudades, dependiendo de las decisiones que surgen de los centros urbanos muy alejados de la realidad. El país necesita una política integral para su desarrollo. Y la tributación exagerada sobre la producción agropecuaria, lo que produce es despoblamiento

 

La protesta que lleva adelante el sector pone en el centro del debate cómo se reparte hoy el negocio de la producción con el Estado y los escenarios futuros para las inversiones y los modelos agrícolas por las nuevas reglas de juego. Continuamente se escuchan las proyecciones crudas sobre el impacto de las nuevas reglas de juego en materia de retenciones a la exportación de granos. No se habla de otra cosa que de números, se llega a una conclusión simple, pero inobjetable el campo va a perder mucho con las nuevas medidas. En el caso de la soja distintos cálculos indican en promedio cómo se reparte el valor. Así, considerando una soja FOB de U$S 458 por tonelada, hoy el Estado se lleva 183 dólares, los gastos de puertos, comisiones y otros rubros absorben 10 dólares por tonelada y otros 10 dólares los exportadores, 90 dólares por tonelada son para gastos del cultivo y comerciales, esto es para las empresas proveedoras de insumos y servicios, en tanto que 15 dólares más van a fletes. Luego de todo esos rubros, U$S 117 dólares (sobre los U$S 458 de FOB) son para el productor en campo propio; si se trata de un arrendatario esa cifra baja a 45 dólares.

Hoy vivimos un hecho novedoso que tiene a los productores sin distinción de banderas como protagonistas principales pero con el apoyo poco común de otras entidades como las Bolsas de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la república Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de cereales (CEC), Cámaras de Consignatarias, los Consorcios regionales de Experimentación Agrícola(AACREA), Aapresid, ACsoja, Maizar, representantes de paperos y horticultores quienes criticaron con dureza la aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias dispuestas por el Gobierno y señalaron su preocupación pues este tipo de medidas conspira contra la aplicación de tecnología y la adopción de sistemas de producción modernos en los que la Argentina se ha destacado con un dramático desenlace para nuestro país por la gran desmotivación a la producción, a muy corto plazo.

 

Los argumentos del Ministerio de Economía en contra de la soja y en favor de los otros granos, la carne vacuna y los lácteos son sorprendentes. Desconoce que la soja tiene valor agregado en forma de harinas, aceites o biodiésel con una industria que en los últimos cuatro años invirtió 900 millones de dólares en plantas procesadoras y puertos. Y que también el poroto dispara una cadena de valor agregado, desde la modificación genética de las semillas hasta las combinaciones de herbicidas necesarias para que el cultivo crezca. Hay toda una industria que está detrás. Porque con estas políticas no solo se castiga al cereal sino a los subproductos que tienen valor agregado y al desarrollo de polos económicos por desalentar las inversiones en el interior del país. No hay una explicación razonable a lo que está ocurriendo hoy. Sensato es sentarse, dialogar y buscar a través de una política agraria inteligente, concreta, simple y sin mezquindad que se proyecte en el largo plazo la solución a estos y otros problemas que no solo afectan al campo sino a toda la sociedad en su conjunto.

 

La forma en que se está manejando el Gobierno Central con respecto a las provincias nos hace recordar la motivación del nacimiento de nuestra entidad madre la Confederación General Económica, el 26 de mayo de 1950, en Catamarca cuando las provincias en señal de rebelión y al no tener voz en el poder central portuario de Buenos Aires, le dieron origen al movimiento confederal empresario más importante que tuvo el país en la historia.