Mientras la Argentina agropecuaria no resuelva su crisis de representación ni recupere su fuerza gremial, además de contar con autoridades nacionales del sector sin actitudes autoritarias y discriminatorias, el tejido social del interior continuará siendo presa fácil de políticas excluyentes y funcionales a unos pocos intereses económicos que detentan el poder de decisión real en su provecho.

Muchas mujeres y hombres de campo consideran que el sector no tiene genuina fuerza en su representación y que persiste la dependencia de funcionarios que no contemplan la idea de bregar por un territorio ocupado por muchos productores agropecuarios con sentido de recuperación de la integración espacial, económica y social del país.

Estas condiciones conducen hacia sistemas productivos dependientes de unos pocos que, desde adentro y desde afuera de nuestras fronteras, manejan sectores estratégicos monopólicos o cartelizados de la economía, marcan a los dirigentes y funcionarios la agenda de los reclamos y ocultan al campo como territorio nacional.

Poco importa la pérdida de cultura productiva y la destrucción de un modo de vida que los países desarrollados se esfuerzan en preservar. Se toman decisiones sin importar si con ellas se expulsa y desarraiga productores, o si se desnacionaliza y concentra la economía y la propiedad del suelo, del agua y del subsuelo. Todo debe ser funcional a esos intereses. Y si para lograrlo es necesario impedir el debate sobre los temas de fondo y excluir a los que piensan diferente la consigna es ignorar a los disidentes.

Así, sin funcionarios ni conductores con visión de mediano y largo plazo, se abortan la posibilidades de dar impulso a la estructura socioeconómica y productiva que la Argentina necesita. Los productores, y los ciudadanos en general, permanecen cautivos frente a una política en apariencia exitosa, con cosechas record y alimentos para mas de 300 millones de seres humanos, pero donde la mitad de los niños de su escasa población se encuentran desnutridos y anémicos y los alimentos para cubrir sus necesidades básicas insatisfechas permanecen gravados con tasas escandalosas.

Desaparece el bosque nativo, se contaminan los ambientes, se rematan pueblos y comunidades al mejor postor, se pierde biodiversidad y se intensifica la necesidad de incorporar mayores cantidades de fungicidas, insecticidas y fertilizantes por desequilibrios ecológicos, monocultivos y agricultura sobre tierras con severas limitantes y sin estudios de impacto ambiental.

Mientras tanto, el paisaje que mostraba pequeñas y medianas empresas rurales con cientos de miles de familias agropecuarias actuando como el eje del desarrollo agropecuario argentino se va transformando en territorio de latifundios sin agricultores y la factoría avanza sobre la Argentina Nación.

Son muchos los sectores de la producción agropecuaria que se sienten excluidos y marginados ante una Secretaría de Agricultura de la Nación que ahora sólo atiende a un grupo selecto de productores y asesores “exitosos” elegidos a dedo y con parámetros de selección que marcan con claridad la Argentina agropecuaria que propone el Secretario Miguel Campos, sus colaboradores y sus interlocutores preferidos.
Por nuestra parte, hemos fijado públicamente la posición sobre diversos temas y, entre otras cuestiones, sostenemos que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina superpone funciones correspondientes a otros organismos y por consiguiente debe dejar de imponerse este nuevo gravamen a cargo de los productores, hasta ahora aplicado para tan sólo decorar oficinas, practicar turismo y cubrir cargos con sueldos y gastos de representación.

Es necesario, también, debatir ideas que contribuyan al diseño de un sistema de trazabilidad ganadero sin costos ni burocracia inconducente; instrumentar la vacunación de nuestros rodeos contra la fiebre aftosa de manera directa y bajo los controles del SENASA, y procurar condiciones para salir de un monopolio casi absoluto en la producción, distribución y comercialización de esa vacuna.

Entendemos que deben cumplirse los juicios a todos los funcionarios políticos responsables, hoy procesados y embargados, por el vaciamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires -algunos de ellos salidos de las propias estructuras gremiales del campo-, terminar con la usura financiera del sistema bancario argentino e instrumentar una salida política con recálculo de deudas desde origen. Combatir a los delitos rurales jerarquizando la fuerza policial y aplicando inteligencia e investigaciones al más alto nivel para identificar a los capitostes de las organizaciones delictivas que actúan con total impunidad.
Asignar fondos suficientes para el desarrollo biotecnológico en todos sus aspectos; rechazar las regalías globales y jerarquizar al INTA, al SENASA, al CONICET y a las Universidades nacionales de nuestro país, que permitan investigaciones independientes, y el diseño de la matriz productiva adecuada a los intereses nacionales.

La prosperidad y el desarrollo del agro dependen en buena medida de la recuperación del poder gremial de las mujeres y los hombres del campo y de la representatividad de su cartera agropecuaria. Solo así el campo podrá contar con la fuerza de muchos productores y funcionarios para poder consolidar un interior productivo que represente justicia, progreso y dignidad para todos los argentinos.
Buenos Aires, julio de 2005

Horacio Delguy
Presidente del Frente Agropecuario Nacional